Santa Rosa, 30 de noviembre de 2009.
El ¿primer? muerto en Santa Rosa, luego de que Susana, Mirtha y Tinelli comenzaran la feroz campaña contra los pobres y los trabajadores que se rebelanComo militante del Partido de Trabajadores Socialistas, una sensación de rabia mezclada con cordura, recorre mi cuerpo en este momento. Muy cerca de mi barrio, un comerciante asesinó a sangre fría a un pibe, supuestamente porque estaba en el techo de su casa. El sólo hecho de ser pobre, de familia trabajadora y de un barrio plebeyo de la capital pampeana, es el motivo fundamental por la que Cristian tuvo su “pena de muerte”, esa que Mirtha, Susana o Tinelli tanto ansían que se establezca. En La Pampa es la primera víctima luego del llamado unitario, de estos referentes de la ultra derecha, a enfrentar la inseguridad.
Ahora con desazón, veremos cientos de argumentos que tratarán de justificar al comerciante asesino. Uno de esos argumentos me los encontré hoy en El Diario. Como no podía ser de otra manera, el argumento esgrimido viene de parte de un comisario. Si! La “mano dura” del Estado intenta justificar lo injustificable. Piris, que es comisario de la sexta dice que, “se trata de menores en conflicto con la ley”, por eso es justificable semejante odio de clase como para matar a Cristian. Y digo odio de clase porque el padre de Cristian es albañil y seguramente día a día tendrá que lidiar con la inseguridad de la que nadie habla, la inseguridad laboral.
Esta operación ideológica de indefensión es martillada una y otra vez por los grandes medios de comunicación de forma premeditada, distorsionando así la realidad en una secuela de homicidios en serie interminable. Los sectores más reaccionarios de la burguesía promueven esta ideología como un sentido común en defensa de la propiedad privada y la reproducción de sus condiciones materiales de vida, haciendo pie particularmente sobre las clases medias, y señalando como chivo expiatorio a los sectores más pauperizados de la sociedad, sobre los cuales habría que descargar la pena de muerte, la baja de la edad de imputabilidad y el control social estricto a manos de las fuerzas represivas. De este modo, las clases medias atemorizadas se convierten en el soporte de la defensa de la gran propiedad de los capitalistas. Así los medios construyen la imagen de esas clases medias que demandan seguridad para los ricos como ciudadanos honestos e impolutos frente a los “piqueteros”, los “vagos” y los “violentos” que afectan el “orden público”. Evidentemente, los pobres acaban indefectiblemente asociados al crimen.
La naturalización de los delitos esconde que tras la supuesta igualdad formal ante la ley (obviamente una ficción, pues un joven roba $15 y es condenado a 8 años de prisión, mientras que los patronales agrarias evaden impuestos y aportes sociales y encima reciben subsidios), la desigualdad social y económica determina que los sectores más pauperizados de las clases desposeídas, es decir aquellas privadas de propiedad, se vean empujadas hacia el delito y la marginalidad.
Precisamente, la predominancia de los delitos contra la propiedad es la demostración más cabal de las consecuencias generadas por la descomposición social inherente al capitalismo, lo cual inhabilita a su Estado y sus instituciones como portadores de una solución efectiva. Es en este sentido que la revolucionaria polaca Rosa Luxemburgo sostenía que “tanto el crimen como el castigo hunden sus raíces profundamente en la organización social” (Contra la pena capital, noviembre de 1918).
Las organizaciones obreras combativas, los organismos de DD.HH., el movimiento estudiantil y los movimientos sociales no pueden permanecer indiferentes ante la virulencia de semejante ofensiva, que tiende a fortalecer el poder represivo del Estado ante la crisis en ciernes. Es necesario levantar una gran campaña democrática, multiplicando todos los esfuerzos unitarios, para desterrar de una vez la cruzada reaccionaria de Scioli, De Narváez, los famosos y la clase media reccionaria.
Federico Fernández
